La expropiación forzosa (o «dominio eminente») es el poder del gobierno para quitarle la propiedad privada a alguien. Como se expresa en la Quinta Enmienda de la Constitución federal, este poder se limita estrictamente: “[N]o se ocupará la propiedad privada para uso público, sin una justa compensación”. Esta disposición impone dos límites importantes al dominio eminente: se puede quitar la propiedad privada solo para un uso público, y se debe pagar una justa compensación.
Sin embargo, durante el siglo pasado, el alcance de la cláusula de uso público se ha ampliado en gran medida al nivel federal. Con la nefasta decisión del Tribunal Supremo Federal de Kelo v. City of New London, el Tribunal afirmó que podría quitarse la casa de Susette Kelo y las de sus vecinos para construir un desarrollo privado para complementar a la vecina sede de la compañía.
No ha pasado mucho, después de esta decisión, 44 legislaturas estatales aprobaron rápidamente diversas reformas que limitan el uso de la expropiación para el desarrollo privado. Tristemente, Puerto Rico no se ha unido a los esfuerzos de reforma que hemos visto. Los legisladores en otros lugares de EE. UU. son incapaces y reacios a usar la expropiación como una herramienta de desarrollo, no obstante, el gobierno continúa utilizando este poder altamente polémico de maneras inconstitucionales.
Después de los recientes huracanes devastadores que han afectado nuestro archipiélago, los propietarios puertorriqueños y sus comunidades también se tienen que enfrentar a la amenaza de la expropiación para el desarrollo privado. Algunos desarrolladores y gobernantes ven los esfuerzos de recuperación como una oportunidad para abusar de este poder. Esto es inmoral e inconstitucional. Proyectos de desarrollo como los de Ciudadela en Santurce, que resultaron en confiscaciones abusivas de propiedades, vieron la destrucción de hogares y desplazaron a cientos de familias, todo para proyectos fracasados. Esta es una triste realidad que los puertorriqueños todavía enfrentan.
Proyectos propuestas por los gobiernos municipales con fondos federales de CDBG-DR que podrán resultar en la expropiación o desplazamiento de hogares. Fuente: «Resumen de ponencias de municipios sobre los fondos CDBG-DR» de Ayuda Legal
Los proyectos de supuesta revitalización y desarrollo que buscan apoderarse y transferir sus tierras a desarrolladores privados constituyen una severa violación de los derechos propietarios de los puertorriqueños, a los que también se les otorgan las mismas protecciones que ofrece la Quinta Enmienda a la Constitución federal. El hecho es que la Ley de Expropiación Forzosa en la isla es una de las peores en los EE. UU. y por consiguiente, los derechos de propiedad de cientos de puertorriqueños son rutinariamente ignorados por funcionarios del gobierno que creen que no tienen límites reales a su poder.
Esto es un estado peligroso en el cual estar, porque la expropiación se puede usar por los municipios para cualquier fin que ellos deseen. Tienen el poder y han tomado propiedades por cualquier proyecto que consideren de utilidad pública. Estos han sido por ejemplo centros comerciales, casinos y desarrollo de viviendas de lujo, entre otras, permitiéndoles la posibilidad de confiscar la propiedad privada. En Puerto Rico esto sucede con mayor facilidad en comparación con la que tienen los funcionarios en casi cualquier otra jurisdicción de los EE. UU.
Para más información sobre las expropiaciones forzosas en Puerto Rico, lee el Reporte Sobre las Expropiaciones en Puerto Rico publicado en el 2018 de parte del Institute for Justice. Este informe busca ubicar la ley de Puerto Rico en el contexto de las tendencias en los Estados Unidos y hace recomendaciones para garantizar que los propietarios y las comunidades de la isla estén a salvo de apropiaciones ilegales de vivienda y otras propiedades.
Comité para la Reforma de la Ley de Expropiaciones (CRE) 